Advertencia de contenido: este artículo menciona casos de violencia sexual y de género, incluso contra menores. Su lectura puede resultar perturbadora para algunas personas.
En enero de 2025, una joven de 20 años denunció haber sido violada por un agente de policía mientras se encontraba detenida en una comisaría de N’Djamena, la capital de Chad. Los exámenes médicos realizados tras su puesta en libertad confirmaron los hechos denunciados y el agente implicado fue detenido.
Unos meses más tarde, en septiembre de 2025, una menor de 12 años también fue víctima de una violación en las instalaciones de la policía judicial de Moursal, mientras se encontraba detenida a raíz de una denuncia.
En Chad, las mujeres y las niñas que se encuentran en detención policial sufren abusos sexuales, violencia física y psicológica, en un contexto general de impunidad y de ausencia de mecanismos seguros para presentar denuncias.
La Asociación para el Desarrollo de la Mujer (APEF) actúa tanto en el ámbito social como en el económico y jurídico y, con el apoyo de «Féministes en Action», se compromete en la lucha contra la violencia de género en las comisarías.
Un contexto de desigualdades que supone una doble pena para las mujeres
Sin embargo, la legislación chadiana regula estrictamente la detención policial: en teoría, una mujer o una niña detenida está protegida. En la práctica, no lo está. Las infraestructuras son en gran medida inadecuadas para las necesidades de las mujeres y las niñas: número insuficiente de celdas reservadas a las mujeres, ausencia de aseos separados y seguros, y falta de personal femenino. El acceso al agua potable, a los productos de higiene menstrual y a la atención sanitaria es deficiente.
«Me detuvieron y me pusieron bajo custodia policial en la comisaría. Como no reconocía los hechos que se me imputaban, pedí que me tomaran declaración. Los agentes de la policía judicial no me escucharon y prefirieron encerrarme en la celda de los hombres. Solo tras las protestas de los demás detenidos me pusieron en libertad».
Testimonio recogido por la red APEF
La APEF lucha contra las desigualdades jurídicas, institucionales y sociales que obstaculizan los derechos de las mujeres y las niñas, y busca propiciar cambios duraderos en materia de leyes, políticas públicas, prácticas institucionales y normas sociales.
La incidencia como herramienta transformadora
Con el fin de lograr un cambio durable, la APEF lleva a cabo acciones de defensa y sensibilización dirigidas a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la población.
Ante las autoridades judiciales y policiales, la red aboga por el estricto cumplimiento de los plazos legales de detención policial y la aplicación efectiva de la legislación que protege a las mujeres contra la violencia y los tratos degradantes, así como por la implantación de es mecanismos de denuncia accesibles y controles reforzados en los centros de detención.
Respecto a las propias fuerzas policiales, la APEF reclama una mayor presencia femenina en las comisarías y brigadas, una formación periódica de los agentes de la Policía Judicial en materia de derechos humanos y con un enfoque sensible al género, así como la sanción sistemática de cualquier acto de violencia cometido en estos centros de detención.
Respecto a las autoridades administrativas y locales, la incidencia de la APEF se centra en la habilitación de celdas separadas y seguras, la mejora de las infraestructuras sanitarias, la puesta a disposición de productos de higiene esenciales y una mejor atención a las mujeres embarazadas y a las menores.
Una clínica jurídica para subsanar las lagunas legislativas
La labor de la APEF se extiende también al ámbito jurídico. Para ofrecer respuestas concretas y adaptadas a la falta de protección de las mujeres y niñas detenidas, la organización ha puesto en marcha una clínica jurídica, abierta a cualquier mujer superviviente de violencia de género. Esta clínica ofrece un acompañamiento centrado en la escucha, la orientación y el apoyo psicosocial, con derivación a servicios complementarios cuando sea necesario.
Los abogados colaboradores siguen de principio a fin cada caso que se les confía. Velen por el respeto de los plazos de detención preventiva y del derecho a un juicio justo para las mujeres y las niñas víctimas. La clínica de la APEF ofrece un conjunto de servicios destinados a proteger a las víctimas, a garantizar el respeto de sus derechos y a permitirles obtener justicia, todo ello de forma gratuita.
Cuando los lugares que se supone que deben hacer cumplir la ley y el derecho se convierten, en la práctica, en espacios de violencia, es urgente reforzar los mecanismos de protección de las mujeres y las niñas que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado. Los hechos denunciados por la APEF, lejos de reducirse a meras estadísticas, constituyen graves atentados contra la dignidad humana.