El último informe de ONU Mujeres alerta sobre una realidad preocupante: mientras que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo masiva, las organizaciones que las apoyan ven cómo se desploma su financiación. Entre la reducción de la ayuda pública al desarrollo, los cambios en las prioridades políticas y el auge de los movimientos contrarios a los derechos, los servicios esenciales para las mujeres se están debilitando y décadas de avances se ven ahora amenazadas. Una crisis silenciosa pero devastadora.
Las organizaciones sobre el terreno, pilares esenciales… pero siempre con financiación insuficiente
La violencia de género es evitable: así lo demuestran décadas de datos y experiencias. Sin embargo, las organizaciones que están detrás de los avances son las más desatendidas por los donantes. Sin embargo, estas estructuras son a menudo las únicas que ofrecen apoyo concreto a las sobrevivientes de la violencia de género (VG): alojamiento de emergencia, acompañamiento psicosocial, asistencia jurídica, espacios seguros…
Ante las múltiples crisis, los donantes han reorientado sus prioridades hacia la seguridad, la defensa o la ayuda humanitaria de emergencia, en detrimento de la lucha contra la violencia contra las mujeres y la igualdad de género. Estas decisiones se traducen en recortes presupuestarios que afectan directamente a las organizaciones feministas, que ya de por sí sufren una financiación insuficiente: menos del 1 % de la ayuda pública al desarrollo dedicada a la igualdad de género se destina directamente a ellas, y solo el 4 % de la ayuda mundial se centra prioritariamente en la igualdad.
Según la Alianza para los Movimientos Feministas, la ayuda pública al desarrollo ya se habría reducido en 78 000 millones de dólares en junio de 2025. Varias fundaciones privadas también están reduciendo su financiación, lo que deja a algunas organizaciones al borde de la quiebra.
Servicios vitales que se derrumban
Las repercusiones son inmediatas y visibles: el cierre o la reducción de servicios vitales para las mujeres. En muchos países, los refugios ya no pueden acoger a todas las sobrevivientes de la violencia de género. Se reducen las consultas psicológicas o jurídicas. Se despide a los equipos especializados (psicólogos, asesores, abogados) por falta de recursos.
Casi el 90 % de las organizaciones encuestadas por ONU Mujeres constatan una fuerte o incluso grave disminución del acceso de las mujeres y las niñas a los servicios esenciales. Detrás de esta cifra se esconden realidades dramáticas: mujeres víctimas de violencia que son devueltas a sus parejas o cónyuges agresores por falta de plazas en los centros de acogida, procedimientos judiciales abandonados, mujeres aisladas y sin apoyo frente a la violencia.
En los contextos humanitarios, la situación es crítica: casi una de cada dos organizaciones cree que tendrá que cerrar en los próximos seis meses. Las que continúan, tienen equipos agotados, alquileres impagados que se acumulan y la propia supervivencia de las estructuras amenazada.
Una movilización debilitada, justo cuando más se necesita
Los recortes presupuestarios no solo afectan a los servicios, sino que también ahogan la capacidad de las organizaciones para cambiar las cosas. Un tercio de las estructuras declara que ya no tiene medios para llevar a cabo acciones de incidencia política, hacer un seguimiento de los compromisos públicos o documentar las violaciones. El resultado: menos presión sobre los poderes fácticos, menos participación en los debates políticos, menos datos para alimentar las políticas públicas.
Esta reducción de capacidades también pone en peligro la confianza entre organizaciones, comunidades y donantes. Los proyectos interrumpidos o los servicios cerrados bruscamente dejan una sensación de abandono, socavando años de trabajo para crear un clima de seguridad y confiabilidad.
La conclusión es clara: la falta de financiación de las organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres constituye un retroceso histórico. Sabotea décadas de avances, frena la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y deja a millones de mujeres y niñas expuestas a una mayor inseguridad, discriminación y violencia.