Los derechos de las mujeres y, a fortiori, las luchas de las feministas son batallas esencialmente políticas que tratan de hacer frente a las normas sociales y culturales arraigadas en la mayoría de las sociedades, donde se enfrentan a los mecanismos de poder y de dominación patriarcales. Estas luchas son particularmente delicadas en contextos culturales con una fuerte influencia del fundamentalismo religioso y donde se ha producido un auge del conservadurismo antigénero y en contra del colectivo LGBTQIA+.
La normalizacion de la violencia
Las activistas feministas tienen que enfrentarse a una sociedad aún repleta de situaciones misóginas y sexistas. Un estudio reciente de la OCDE muestra que un tercio de las personas de entre 15 y 49 años de todo el mundo piensa que es normal que un hombre pegue a su esposa en determinadas circunstancias, como quemar la comida o salir sin autorización. La violencia contra la mujer se ha tolerado durante mucho tiempo en nuestra sociedad, incluso en nuestros hogares, lo que parece dar una cierta sensación de impunidad a los agresores. Hemos normalizado e interiorizado tanto la violencia que incluso se cuestiona y ridiculiza la lucha de las organizaciones feministas para acabar con ella.
Faltan leyes y muchas normas internacionales no se aplican.
Gracias a las organizaciones feministas, desde hace tres décadas se han adoptado numerosas leyes y convenciones internacionales ambiciosas en favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, no se han integrado como debería en la legislación nacional o no se han llegado a aplicar, como en el caso del Protocolo de Maputo, en África. Dicho protocolo fue adoptado el 11 de julio de 2003 y reunía un gran número de derechos fundamentales para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer. La mayoría de países africanos firmó este protocolo (salvo Marruecos, Egipto y Botsuana), por el que se comprometieron a tomar medidas concretas y adoptar leyes para garantizar los derechos establecidos en él. En algunos países, estas leyes existen (como en Chad, Costa de Marfil o Túnez), pero no se aplican cuando deberían o, simplemente, no se aplican. En otros casos, como el de Mauritania, estas leyes ni siquiera existen porque los movimientos conservadores han bloqueado el proceso legislativo. En los países en los que estas leyes existen, estas suelen ser ignoradas y no se adaptan bien a la población.
Las feministas estan en peligro.
En muchos países, el simple hecho de considerarse feminista supone un peligro. La sociedad demoniza y amenaza a las activistas porque ponen en cuestión sus normas. Algunas de las activistas feministas de las organizaciones a las que apoya Feministas en Acción han recibido amenazas de muerte, por lo que se han tenido que tomar medidas para garantizar su seguridad, o reciben ciberacoso en las redes sociales. Algunas leyes, como la prohibición del acceso a los métodos anticonceptivos para las mujeres no casadas, la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo o la penalización del colectivo LGBTQIA+ obligan a las organizaciones feministas a trabajar en la clandestinidad y a hacer frente a represalias legales. Por ello, apoyar a estas organizaciones es esencial y primordial si queremos conseguir los objetivos que tanto Francia como la comunidad internacional se han propuesto para promover y defender los derechos de las mujeres y de las minorías de género.
Este entorno desfavorable para la lucha feminista pone de manifiesto la necesidad de apoyo y financiación para alcanzar un claro objetivo: fortalecer a las organizaciones sobre el terreno y al ecosistema en su conjunto. ¿Quieres saber más sobre el estado de la financiación de las organizaciones feministas en el mundo? ¡Echa un vistazo a este artículo!