Feministas en Acción apoya a cuatro organizaciones feministas salvadoreñas que llevan a cabo proyectos de apoyo a las víctimas de violencia de género, de salud sexual y reproductiva, y de creación de espacios participativos para conectar y fortalecer el movimiento feminista en El Salvador.
Desde hace un año, estas organizaciones y muchas otras se enfrentan a restricciones cada vez mayores impuestas por el Estado y su Ley de Agentes Extranjeros. En medio de un silencio mediático casi total, su aplicación limita el trabajo de las asociaciones feministas y activistas.
Una ley aprobada sin debate público
El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó, sin debate público, la «Ley de Agentes Extranjeros». Presentada como una herramienta para combatir la corrupción y garantizar la transparencia de los financiamientos extranjeros, esta ley impone, en realidad, fuertes restricciones a la libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil.
Sus efectos son particularmente preocupantes para las organizaciones feministas. Por un lado, no existe ninguna institución estatal independiente que garantice protección contra la criminalización de la sociedad civil por parte del Estado. Por otro lado, la ley obliga a toda organización que reciba financiamiento internacional —directa o indirectamente— a inscribirse en el RAEX, el Registro de Agentes Extranjeros.
Una presión fiscal que asfixia a las organizaciones
Las organizaciones inscritas en el RAEX pueden estar sujetas a un impuesto del 30 % sobre ciertos fondos procedentes del extranjero. Las consecuencias pueden ser graves: las organizaciones registradas ven su capacidad de acción fuertemente limitada y se enfrentan a una mayor vigilancia por parte del Estado. Por el contrario, aquellas que se niegan a registrarse corren el riesgo de quedar privadas de financiamiento internacional.
Según la información proporcionada por la Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA), la aplicación de esta contribución no es uniforme en todos los proyectos o iniciativas financiados con fondos internacionales. Sin embargo, la falta de claridad de ciertos procedimientos administrativos y el amplio margen de interpretación generan inquietudes entre las organizaciones, especialmente en los ámbitos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana y la incidencia política.
Esta incertidumbre provoca retrasos en la planificación y la ejecución de los proyectos, lo que complica la toma de decisiones y pone en riesgo la sostenibilidad de las iniciativas que dependen de la cooperación internacional.
Un modelo inspirado en regímenes autoritarios
Como han señalado Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ya se han implementado leyes similares en países como Rusia, Nicaragua o Venezuela, con el objetivo de controlar a las organizaciones percibidas como críticas al gobierno. Amnistía Internacional menciona la proliferación de las llamadas «leyes anti-ONG» en América Central y del Sur, basadas en lógicas similares: la designación de un enemigo externo, disposiciones ambiguas y mecanismos de control arbitrarios.
En El Salvador, esta ley podría tener repercusiones en la libertad de asociación, la participación ciudadana y el acceso a los recursos provenientes de la cooperación internacional. Las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos consultadas consideran que esta ley se inscribe en un contexto marcado por un endurecimiento de los controles sobre la sociedad civil.
Para organizaciones como la CFPA, esta situación exige fortalecer los mecanismos de análisis de riesgos, de protección institucional y de coordinación entre los actores sociales. Ante un contexto en constante evolución, las organizaciones continúan elaborando estrategias para seguir con su labor de acompañamiento, promoción de los derechos y fortalecimiento de la participación de las mujeres y las comunidades.
Un espacio cívico en peligro
Ante los nuevos y crecientes riesgos a los que esta ley expone a las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos en El Salvador, la CFPA declara que:
«Como concertación, hemos realizado jornadas de discusión sobre los riesgos que corremos en las acciones que llevamos a cabo y hemos elaborado planes para cada uno de los riesgos sobre los que hemos llegado a un consenso.»
En definitiva, esta ley no solo tiene un impacto fiscal significativo en las ONG, en particular en las organizaciones feministas ya debilitadas por un acceso limitado a los recursos financieros, sino que sus efectos son aún más marcados en los planos político y social. Se inscribe en una tendencia más amplia de criminalización, vigilancia, acoso en línea y exilio forzado dirigida contra activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en El Salvador.
En lugar de ser una herramienta al servicio de la transparencia, esta ley se presenta como un instrumento de control y restricción del espacio cívico, lo cual, en un país donde se violan derechos fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos, agrava la situación de la población y pone de relieve el papel vital de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.