Feministas en Acción apoya a cuatro organizaciones feministas salvadoreñas que llevan a cabo proyectos de apoyo a las víctimas de violencia de género, de salud sexual y reproductiva, y de creación de espacios participativos para conectar y fortalecer el movimiento feminista en El Salvador.
Desde hace un año, estas organizaciones y muchas otras se enfrentan a restricciones cada vez mayores impuestas por el Estado y su Ley de Agentes Extranjeros. En medio de un silencio mediático casi total, su aplicación limita el trabajo de las asociaciones feministas y activistas, llegando incluso a intervenciones con allanamiento en las oficinas de las organizaciones afectadas.
Una ley aprobada sin debate público
El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó, sin debate público, la «Ley de Agentes Extranjeros». Presentada como una herramienta para combatir la corrupción y garantizar la transparencia de los financiamientos extranjeros, esta ley impone, en realidad, fuertes restricciones a la libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil.
Sus efectos son particularmente preocupantes para las organizaciones feministas. Por un lado, no existe ninguna institución estatal independiente que garantice protección contra la criminalización de la sociedad civil por parte del Estado. Por otro lado, la ley obliga a toda organización que reciba financiamiento internacional —directa o indirectamente— a inscribirse en el RAEX, el Registro de Agentes Extranjeros.
Una presión fiscal que asfixia a las organizaciones
Esta inscripción conlleva la aplicación de un impuesto del 30 % sobre cada transacción procedente del extranjero. Las consecuencias son graves: las organizaciones registradas ven su capacidad de acción fuertemente limitada por esta presión fiscal y por una mayor vigilancia del Estado. Por el contrario, aquellas que se niegan a registrarse se ven privadas de financiamiento internacional, con el riesgo de tener que cesar sus actividades.
Como nos señaló la organización apoyada en el marco de Feministas en Acción, la Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA), los términos de la ley no están claramente definidos, lo que deja un amplio margen para la arbitrariedad. Por lo tanto, cuando el inicio mismo de un proyecto depende de la aplicación de la sanción fiscal del 30 %, esto puede provocar retrasos considerables.
Un modelo inspirado en regímenes autoritarios
Como han señalado Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ya se han implementado leyes similares en países como Rusia, Nicaragua o Venezuela, con el objetivo de controlar a las organizaciones percibidas como críticas al gobierno. Amnistía Internacional alerta, en particular, sobre la facultad otorgada al gobierno salvadoreño de retirar la personalidad jurídica a una ONG basándose en criterios vagos, como la «amenaza a la estabilidad social y política», lo que convierte a esta ley en una verdadera arma políticadel Estado.
La CFPA lo confirma: las posibilidades de debate son limitadas y el gobierno tiende a calificar a las organizaciones que se pronuncian sobre las políticas públicas como «desestabilizadoras» para el gobierno salvadoreño. Esto incluso ha llevado a numerosas organizaciones a poner fin a sus actividades o a abandonar el país.
En marzo de 2026, Amnistía Internacional menciona la proliferación de las llamadas «leyes anti-ONG» en América Central y del Sur, basadas en lógicas similares: la designación de un enemigo externo, disposiciones ambiguas y mecanismos de control arbitrarios.
La represión en el terreno
La CFPA informa que se le ha dado a conocer que se llevó a cabo una redada policial en una asociación con el pretexto de perseguir a un ladrón, y que posteriormente se detuvo al guardia de seguridad de la organización.
Ante los nuevos y crecientes riesgos a los que esta ley expone a las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos en El Salvador, la CFPA declara que:
«Como concertación, hemos realizado jornadas de discusión sobre los riesgos que corremos en las acciones que llevamos a cabo y hemos elaborado planes para cada uno de los riesgos sobre los que hemos llegado a un consenso.»
Un espacio cívico en peligro
En definitiva, esta ley no solo tiene un impacto fiscal significativo en las ONG, en particular en las organizaciones feministas ya debilitadas por un acceso limitado a los recursos financieros, sino que sus efectos son aún más marcados en los planos político y social. Se inscribe en una tendencia más amplia de criminalización, vigilancia, acoso en línea y exilio forzado dirigida contra activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en El Salvador.
En lugar de ser una herramienta al servicio de la transparencia, esta ley se presenta como un instrumento de control y restricción del espacio cívico, lo cual, en un país donde se violan derechos fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos, agrava la situación de la población y pone de relieve el papel vital de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.